Una nueva normativa regulará la convivencia en los centros docentes y la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
La Consejería de Educación ha actualizado los protocolos de actuación que serán de aplicación en los supuestos de acoso escolar al alumnado y de agresiones a docentes. Por primera vez se incluye el ciber-acoso, para hacer frente a las intimidaciones y amenazas que puedan registrarse a través de medios tecnológicos, y se refuerza la protección del profesorado con un completo procedimiento fruto del marco de colaboración establecido con la Fiscalía Superior de Andalucía.
Estos protocolos quedarán recogidos en la Orden que regula la convivencia en los centros docentes así como la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos. El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, ha presentado el borrador de la nueva normativa a los representantes de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres por la Escuela Pública (CODAPA), iniciando así su tramitación. A partir de ahora se abrirá un proceso de participación para recoger aportaciones de la comunidad educativa y debatir su contenido con los sindicatos en la Mesa Sectorial.
La norma incluye cuatro modelos de intervención para hacer frente a los supuestos de acoso escolar, agresiones a docentes, maltrato infantil y, como novedad, la violencia de género en el ámbito educativo. Respecto al acoso escolar, se define como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno producido por compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Como novedad se recogen nuevas manifestaciones como el acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso, concebido como intimidación, difusión de insulto, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.
Respecto a la protección y asistencia al profesorado, se articulan mecanismos de apoyo en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería y la Fiscalía. El protocolo dota de protección jurídica al profesorado de los centros públicos y concertados, así como al personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria de la escuela pública, ante agresiones, intimidaciones graves, resistencia activa grave y cualquier otra conducta que tenga la consideración de delito o falta en el Código Penal, ya sea cometida por el alumnado o por cualquier persona que tenga relación con el mismo. El documento especifica la actuación de la Inspección Educativa, la Dirección de los centros y la Delegación de Educación cuando se produzcan estos casos, incluyendo la canalización de la denuncia, bien a las secciones de Menores de las Fiscalías Provinciales, al Juzgado de Guardia o a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Además del establecimiento de protocolos de intervención, que por primera vez se incorporan a una Orden, se promoverá la convivencia en los centros a través de la elaboración, desarrollo y evaluación de sus planes de convivencia y de la mediación en la resolución de los conflictos. Los planes de convivencia determinarán los objetivos específicos a alcanzar, las normas que los regularán y las actuaciones a realizar, a partir de un diagnóstico de estado de convivencia en el centro y, en su caso, de la conflictividad detectada.
Las iniciativas y medidas preventivas necesarias se canalizarán a través de las comisiones de convivencias que se constituirán en cada centro. Asimismo, los centros podrán crear aulas de convivencia a las que asista el alumnado al que se le haya impuesto una corrección o medida disciplinaria, que serán atendidas por el profesorado del propio centro y que en todo caso garantizarán su atención educativa.
Las incidencias en materia de convivencia que se produzcan en los centros serán registradas en el Sistema de Información Séneca de la Consejería de Educación. Todos los centros, públicos y concertados, tendrán la obligación de comunicar tanto las conductas consideradas gravemente perjudiciales para la convivencia y sus correspondientes medidas disciplinarias, las conductas contrarias a la convivencia que conlleven la imposición de correcciones, así como la asistencia del alumnado al aula de convivencia.
Participación de las familias
La nueva norma regula también el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos, incorporando nuevas figuras en la vida cotidiana de los centros como los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. Los delegados representarán a todas las madres y padres del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas para trasladarlas a los tutores. El objetivo es, además de asesorar a las familias sobre el ejercicio de sus derechos y deberes, implicarlas en la mejora de la convivencia así como en la actividad docente del centro. Su elección se hará cada curso, antes de que finalice el mes de noviembre, por mayoría simple y mediante sufragio directo y secreto.
Entre las principales novedades de la Orden, que refuerza la tutoría electrónica para desarrollar el intercambio de información entre las familias y los centros, figura la posibilidad de que padres y madres suscriban compromisos educativos, especialmente indicados para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y compromisos de convivencia, para los escolares que presenten problemas de conducta.
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